Supersalud refuerza controles sobre $4,3 billones reportados por las EPS
La Superintendencia Nacional de Salud adelanta verificaciones sobre posibles inconsistencias por $356.500 millones en los recursos reportados por las EPS del régimen subsidiado para el pago de hospita…
La Superintendencia Nacional de Salud adelanta verificaciones sobre posibles inconsistencias por $356.500 millones en los recursos reportados por las EPS del régimen subsidiado para el pago de hospitales, clínicas y otros prestadores de servicios médicos.
Las alertas surgieron tras una revisión de postulaciones de giro directo por $4,3 billones correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2026. De acuerdo con la entidad, los valores que requieren aclaración representan el 8,25 % del total examinado.
Como parte del proceso de vigilancia, la Supersalud solicitó ajustes a las EPS y la presentación de los respectivos soportes para verificar la información suministrada.
El giro directo es un mecanismo administrado a través de la ADRES, mediante el cual se transfieren recursos directamente a los prestadores de servicios de salud para financiar la atención de los usuarios y el suministro de tecnologías médicas.
Durante el seguimiento realizado entre octubre y noviembre, la Superintendencia identificó alertas por más de $289.069 millones, relacionadas con acuerdos de baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos contractuales y aspectos asociados a la destinación de los recursos.
Asimismo, en septiembre se adoptó una medida preventiva que implicó la exclusión temporal de 26 prestadores del giro directo por $38.724 millones. Posteriormente, las EPS redistribuyeron estos recursos entre otros integrantes de sus respectivas redes de atención.
Las actuaciones hacen parte de los procesos de seguimiento y control orientados a mejorar la trazabilidad de los recursos públicos y verificar que las transferencias destinadas al sistema de salud respondan a las condiciones establecidas.
La Superintendencia continuará evaluando la información y los documentos aportados por las EPS para establecer si las inconsistencias detectadas fueron corregidas y si se requieren nuevas medidas dentro de sus competencias.