JEP señala a ‘Timochenko’ y ‘Pastor Alape’ por crímenes de guerra y de lesa humanidad
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 11 antiguos comandantes de las Farc por su presunta responsabilidad en graves crímenes cometidos por los bloques Magdalena Medio y Caribe durante el confl…
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 11 antiguos comandantes de las Farc por su presunta responsabilidad en graves crímenes cometidos por los bloques Magdalena Medio y Caribe durante el conflicto armado. Entre los señalados se encuentran Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y Lisandro Alape Lascarro, ‘Pastor Alape’, antiguos integrantes del secretariado de la organización guerrillera.
La decisión también incluye a Erasmo Traslaviña, ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo, ‘Alberto Cancharina’; Jairo Reinaldo Cala, ‘Jairo Quintero’; Abelardo Caicedo, ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Alejandro Cuadras, ‘Leonardo Muñoz’; Uriel Oviedo, ‘Mañe’, y Héctor Hernández, ‘Fabio Borges’. La JEP los identificó como máximos responsables dentro de las estructuras investigadas.
Entre los hechos relacionados con esta imputación figuran el ataque con un ‘burro bomba’ durante la toma de Chalán, en Sucre; la masacre de Río Chiquito y atentados con explosivos en Maicao, Barrancabermeja y Barranquilla. La investigación documentó homicidios, desplazamientos, desapariciones, ataques contra civiles y acciones de control social y territorial que afectaron a cientos de personas y comunidades.
Los delitos atribuidos incluyen crímenes de guerra como homicidio, tortura, desplazamiento forzado, ataques contra la población civil y bienes protegidos, así como violación y violencia sexual. También se imputaron crímenes de lesa humanidad como asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. La JEP señaló que estas conductas no pueden recibir amnistía debido a su gravedad y que la investigación responde a los relatos de 733 víctimas.
Los comparecientes tendrán hasta el 8 de diciembre de 2026 para aceptar o rechazar los hechos y su responsabilidad. Si reconocen los cargos y aportan verdad, podrán acceder a sanciones propias con contenido restaurativo y restricciones efectivas de derechos, sin que ello implique necesariamente una pena de prisión ordinaria. Si rechazan la imputación, sus casos podrán llegar a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, con la posibilidad de enfrentar condenas de hasta 20 años de cárcel.