Exministra María Isabel Urrutia enfrenta acusación por contrato de $4.950 millones
La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito durante su gest…
La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito durante su gestión, cuyo valor superó los 4.950 millones de pesos y estaba relacionado con la implementación de un sistema de validación para el ingreso a los estadios de fútbol.
La decisión fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que le atribuyó presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El convenio fue celebrado con Aldesarrollo el 30 de diciembre de 2022.
El contrato tenía como propósito adelantar el análisis para implementar una herramienta tecnológica que permitiera asociar los documentos de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso y verificar sus antecedentes, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 1622 de 2022.
Entre las presuntas irregularidades identificadas por la Fiscalía se encuentran el desconocimiento de disposiciones orientadas a garantizar la pluralidad de oferentes, la ausencia de estudios de mercado y la falta de procedimientos para determinar los costos del proyecto. El organismo investigador también sostiene que las condiciones del convenio habrían favorecido la subcontratación de una particular cuya participación se habría acordado previamente.
La Fiscalía agregó que Urrutia habría desatendido advertencias de funcionarios técnicos y jurídicos del Ministerio del Deporte sobre posibles irregularidades en el procedimiento. También cuestionó la veracidad de información consignada en documentos públicos que respaldaron la contratación. Con la formulación de acusación, el caso avanza a una nueva fase judicial en la que se determinará si las pruebas permiten establecer la responsabilidad de la exministra.