Drones contra cultivos ilícitos

El Gobierno nacional está evaluando un plan piloto para usar drones en lugar de avionetas en la aspersión aérea contra cultivos ilícitos. La medida llega con reglas severas: no será experimentación sin límites, sino un programa con metas claras y supervisión constante. Para el Huila, donde municipios como Paicol, La Plata y Palestina reportan presencia de cultivos de coca, la noticia genera tanto esperanza como inquietud.

Hace años que la aspersión aérea tradicional dejó de ser la estrategia principal del país. Después de los cuestionamientos sobre sus efectos en la salud y el ambiente, y con la fumigación aérea prácticamente suspendida, la lucha contra el narcotráfico en zonas rurales perdió uno de sus principales mecanismos. Los drones representan una alternativa más selectiva y, en teoría, menos invasiva. Pero en una región como la nuestra, donde el cultivo ilícito está frecuentemente mezclado con actividades agrícolas legales y donde las comunidades rurales ya han vivido consecuencias de políticas antidrogas mal ejecutadas, la cautela es justificada.

Lo que está en juego para nuestras veredas

El Gobierno ha dejado claro que el plan piloto no es un libre experimento. Las condiciones impuestas buscan evitar errores del pasado: fumigaciones indiscriminadas, daño a cultivos lícitos, contaminación de fuentes de agua. Pero una cosa es establecer reglas en Bogotá y otra es ejecutarlas en el terreno. En el Huila, donde pequeños productores de café, plátano y otros cultivos conviven en zonas donde también hay coca, el margen de error es estrecho.

La pregunta concreta es si los drones pueden ser precisos enough para atacar solo los cultivos ilícitos sin afectar a quienes siembran legalmente al lado. Los fabricantes dirán que sí. La experiencia en otros países, más limitada de lo que se cree, muestra resultados mixtos. Tampoco está claro cómo se garantizará que el químico usado sea menos tóxico que lo empleado en fumigaciones convencionales o si simplemente será la misma fórmula lanzada de otra forma.

Hay otro aspecto que no se menciona tanto: la seguridad. Donde hay cultivos de coca hay presencia de grupos armados que los protegen. Un dron es más fácil de derribar que una avioneta, y eso podría escalar confrontaciones en zonas como el sur del departamento. Tampoco sabemos cuántos recursos se invertirán en esto comparado con alternativas como la sustitución de cultivos, que en el Huila ha funcionado mejor que la fumigación cuando se hace con apoyo real a los productores.

Qué mirar en los próximos pasos

El Gobierno debe publicar con transparencia dónde serán los primeros vuelos con drones, quién supervisará el proceso y cuál será el mecanismo de denuncia si afectan a cultivos lícitos. Las gremios agrícolas del Huila, como las asociaciones de cafeteros y productores locales, deberían exigir participación en el diseño de estos pilotos, no solo ser informados después.

Antes de expandir esta tecnología, es necesario ver resultados reales: cuánta coca se erradica, cuántos cultivos lícitos se dañan, qué cambios ecológicos se registran en las cuencas donde se use, y si realmente el costo social es menor. Por ahora, lo único que está claro es que el plan viene con freno, no con acelerador. Eso, al menos, es un punto a favor.

Gentil javela - Dime Media
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