Corte exige al Gobierno acelerar la ejecución del Acuerdo de Paz
La Corte Constitucional estableció nuevas exigencias al Gobierno nacional para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz y garantizar el funcionamiento de los mecanismos institucionales previsto…
La Corte Constitucional estableció nuevas exigencias al Gobierno nacional para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz y garantizar el funcionamiento de los mecanismos institucionales previstos en ese proceso.
A través del Auto 1538 de 2026, el alto tribunal otorgó 30 días hábiles al Ejecutivo para presentar una hoja de ruta con objetivos, metas y recursos definidos que permita incorporar de manera efectiva los compromisos del Acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo.
La decisión también plantea la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), así como mejorar la coordinación entre las entidades responsables del proceso.
En materia presupuestal, la Corte pidió explicaciones por cerca de 53.000 millones de pesos que permanecen bloqueados en la ARN y que están destinados a proyectos productivos, beneficios económicos y otros programas de reincorporación. También solicitó justificar la reducción del 79,1 % contemplada para los recursos de inversión de esa entidad en el proyecto de presupuesto de 2027.
Frente a las garantías de seguridad, el tribunal señaló que todavía existen dificultades para lograr que los mecanismos institucionales funcionen de manera efectiva en los territorios, pese a las actividades reportadas por las entidades responsables.
Como parte de las medidas, ordenó poner en funcionamiento, en un plazo de 20 días hábiles, instancias como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Asimismo, solicitó a la ARN activar el Subcomité de Seguimiento a la Reincorporación para mejorar la articulación y el seguimiento de los compromisos.
La Corte recordó que el Acuerdo de Paz es una política de Estado con obligaciones vigentes hasta 2030. En consecuencia, los gobiernos pueden establecer los mecanismos para desarrollar su implementación, pero deben garantizar la continuidad de los compromisos adquiridos.
Una vez vencidos los plazos y recibidas las respuestas oficiales, el alto tribunal revisará las medidas adoptadas y determinará si el Gobierno cumplió las órdenes impartidas.