Contraloría alerta por billonarios recursos de salud sin legalizar
La Contraloría General de la República lanzó una advertencia especial al Ministerio de Salud por los riesgos en la administración de los recursos destinados a infraestructura hospitalaria. El organism…
La Contraloría General de la República lanzó una advertencia especial al Ministerio de Salud por los riesgos en la administración de los recursos destinados a infraestructura hospitalaria. El organismo de control estableció que, al 30 de junio de 2026, existían $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización, por lo que pidió fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre el dinero público.
La alerta se fundamenta también en la evaluación de 40 proyectos de infraestructura y dotación de equipos médicos financiados entre 2022 y 2025, que recibieron recursos por $1,03 billones. De estas iniciativas, 22 presentan retrasos o suspensiones y comprometen $541.194 millones, correspondientes al 52,77 % del total examinado.
Otro de los hallazgos que llamó la atención de la Contraloría es que únicamente el 1,61 % de los recursos asignados durante ese periodo corresponde a proyectos reportados como terminados. El organismo advirtió que las demoras y deficiencias en la ejecución pueden comprometer las inversiones y afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Durante la revisión también se identificaron fallas en los estudios y diseños, modificaciones en el alcance de las obras, actividades adicionales, mayores cantidades de construcción y presupuestos insuficientes. Asimismo, se encontraron debilidades en la trazabilidad de los recursos y diferencias entre las intervenciones ejecutadas y los proyectos inicialmente aprobados.
El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, advirtió sobre el riesgo de pérdida de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y aseguró que continuará la vigilancia fiscal para anticipar posibles irregularidades y proteger el patrimonio público. La entidad reiteró que las inversiones deben traducirse en hospitales terminados, dotados y en funcionamiento, capaces de garantizar servicios efectivos a los colombianos.