Autoridades destinaron $230.000 millones a sistemas antidrones en cuatro años

Jorge Camilo

Autoridades destinaron $230.000 millones a sistemas antidrones en cuatro años

Las autoridades colombianas han destinado cerca de 230.000 millones de pesos a la adquisición de sistemas antidrones entre 2022 y noviembre de 2026, en respuesta a las amenazas que representan estos d…

Las autoridades colombianas han destinado cerca de 230.000 millones de pesos a la adquisición de sistemas antidrones entre 2022 y noviembre de 2026, en respuesta a las amenazas que representan estos dispositivos en manos de grupos armados ilegales. Una investigación de identificó al menos 13 contratos firmados por entidades nacionales y territoriales.

Los acuerdos, equivalentes a aproximadamente 57 millones de dólares, tenían como propósito fortalecer las capacidades de defensa y protección de la fuerza pública. No obstante, la investigación encontró que la mayoría de las contrataciones se habría realizado sin procesos competitivos de selección.

Entre los contratos figura uno suscrito por el Ministerio del Interior con CODALTEC en diciembre de 2024, por cerca de 91.000 millones de pesos, para implementar un sistema integral antidrones destinado al Ejército Nacional. La empresa había recibido previamente observaciones de la Contraloría relacionadas con su experiencia técnica y su modelo de intermediación y subcontratación.

En las regiones también se adelantaron adquisiciones. La Gobernación del Meta firmó un contrato de 5.000 millones de pesos con la Red SUMMA, mientras que el Cauca destinó 4.100 millones a Biotelecomm mediante contratación directa, justificada por una urgencia manifiesta. El Valle del Cauca fue el departamento con más contratos identificados, incluidos acuerdos con Atlantic Tactical Group y BTC Intelligence.

La Policía Metropolitana de Cúcuta y la de Popayán también contrataron con la Unión Temporal G&G por 17.000 y 10.000 millones de pesos, respectivamente, en octubre y diciembre de 2025. Los resultados de la investigación plantean interrogantes sobre los mecanismos utilizados para adquirir esta tecnología y la necesidad de garantizar que las inversiones en seguridad respondan a criterios de eficiencia, transparencia e idoneidad técnica.

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